El 8 de julio de 2021, Corporate Accountability Lab presentó un memorial de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda el certiorari en el caso, Doe v. Chiquita Brands International. El caso fue presentado por los familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas atacadas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha en Colombia financiada en parte por Chiquita, la empresa bananera multinacional con sede en Estados Unidos. Los demandantes han interpuesto una querella contra Chiquita, alegando que Chiquita fue cómplice de las AUC financiándolas.
La cuestión que se plantea ante la Corte Suprema es técnica y estrecha: si una parte que impugna una orden de protección que ambas partes estipularon debe soportar la carga de demostrar la buena causa de la modificación. Lo que esto significa en realidad es que los peticionarios (un subgrupo de demandantes) piden a la Corte que revise la decisión del 11º Circuito (la Corte de Apelaciones) de levantar la orden de protección que les permite proceder sin que sus nombres, direcciones, números de teléfono o información laboral sean revelados al público. Hasta ahora, aunque Chiquita tiene acceso a la información de identificación de estos peticionarios, la orden de protección ha impedido que la información se haga pública. Si las identidades de los peticionarios se hacen públicas, muchos de ellos correrán un alto riesgo de sufrir daños físicos, e incluso podrían ser asesinados.
El escrito de amicus curiae – firmado por once organizaciones internacionales de derechos humanos y un bufete de abogados colombiano – argumenta que la orden de protección no debe ser levantada, ya que revelar la identidad de los peticionarios pondría en peligro sus vidas.
Esta entrada del blog comienza proporcionando los antecedentes del caso Doe vs. Chiquita. A continuación, se explica la historia procesal detrás de la orden de protección y por qué la Corte Suprema debe revisar la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando el peligro que enfrentan los y las defensores/as de derechos humanos en Colombia. Por último, discutimos por qué es importante que las comunidades afectadas por los abusos de las empresas puedan obtener recursos de forma segura y hacer que las empresas infractoras rindan cuentas.
El caso: Chiquita v. Doe
En 2007, tras una investigación del Departamento de Justicia (DOJ), Chiquita admitió haber realizado pagos mensuales regulares por un total de más de 1,7 millones de dólares estadounidenses a las fuerzas de seguridad controladas por las AUC entre 1997 y 2004 para proporcionar “seguridad” a sus plantaciones bananeras. Las AUC son una organización paramilitar de derecha que el gobierno de EE.UU. designó como organización terrorista. Las AUC fueron responsables de una campaña brutalmente violenta contra trabajadores y civiles en una de las regiones bananeras de Colombia, que tuvo como resultado el asesinato de miles de familiares de los demandantes. En 2007,Chiquita se declaró culpable y pagó 25 millones de dólares al Departamento de Justicia. A pesar de que Chiquita pagó una multa multimillonaria por financiar a un grupo terrorista, las comunidades afectadas por su conducta no han recibido ningún tipo de reparación.
Ese mismo año, los familiares de los sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas que fueron atacadas y asesinadas por las AUC presentaron una demanda contra Chiquita. Los demandantes buscan reparación por el supuesto apoyo financiero y material de Chiquita a las AUC, que fortaleció a la organización y le permitió ejercer un control violento en las regiones bananeras de Colombia.
Modificación de Chiquita a la orden de protección estipulada
En 2017, justo antes de que comenzara la presentación de pruebas, el tribunal de Florida concedió una orden de protección que cubría la divulgación pública de la información de identificación de los peticionarios. Un tribunal puede conceder una orden de protección cuando la divulgación de dicha información pueda causar daños. En este caso, tanto los peticionarios como Chiquita estuvieron de acuerdo en que una orden de protección que cubriera la información de los peticionarios era apropiada dado su riesgo de daño en Colombia.
Sin embargo, después de que los peticionarios dependieron de la orden de protección estipulada para participar en el descubrimiento de pruebas durante dos años, Chiquita retiró su consentimiento. El tribunal de Florida concedió la moción de Chiquita para modificar la orden de protección estipulada y el 11º Circuito la confirmó, dictaminando que una parte (en este caso, Chiquita) que estipula una orden de protección puede modificar posteriormente esa orden sin tener que demostrar un cambio de circunstancias o una buena causa.
El caso está actualmente en certiorari (o cert), lo que significa que los peticionarios piden a la Corte Suprema que revise una cuestión del caso en el próximo mandato. En concreto, la petición de certiorari pide a la Corte Suprema que revise el criterio del Undécimo Tribunal para modificar una orden de protección estipulada (lo que resolvería una división de circuitos) y aclare que la carga de la prueba debe recaer en Chiquita para demostrar que la orden de protección ya no es necesaria.
Las identidades de los peticionarios deben ser protegidas
Dado que los y las defensores/as de los derechos humanos corren un riesgo extremo de violencia en Colombia, la orden de protección en cuestión en el caso Doe vs. Chiquita podría ser una cuestión de vida o muerte. Los y las defensores/as de los derechos humanos son un grupo ampliamente definido de personas que actúan individualmente o con otros para promover o proteger los derechos humanos. Dado que el grupo incluye a los litigantes en casos de derechos humanos y a las personas que buscan reparación por los daños cometidos contra sus familiares por los grupos paramilitares, los peticionarios entran en esta categoría. El mero hecho de pedir la rendición de cuentas a Chiquita les expone a un mayor riesgo de violencia, especialmente porque son defensores/as rurales que cuestionan conductas relacionadas con la empresa.
El riesgo de peligro para los y las defensores/as de derechos humanos que cuestionan las conductas y actividades relacionadas con las empresas en las comunidades rurales es especialmente alto. Entre 2015 y 2019, se produjeron 181 ataques y 72 asesinatos de defensores/as de derechos humanos colombianos que habían planteado problemas relacionados con las empresas. Además, el 70% de los y las defensores/as de derechos humanos asesinados en Colombia entre 2016 y 2020 residían en comunidades rurales.
Los peticionarios corren el riesgo de sufrir violencia por parte de grupos paramilitares que a menudo atacan a los y las defensores/as de derechos humanos basándose en las opiniones políticas reales o supuestas de los y las defensores/as. También corren el riesgo de sufrir daños físicos por parte de actores estatales, incluyendo fuerzas policiales y militares que han hecho un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que participan en el actual paro nacional. Está bien documentado que el gobierno colombiano ataca a los y las defensores/as de derechos humanos con ataques físicos, vigilancia y criminalización. Además, líderes políticos, funcionarios públicos, miembros de grupos armados y personas influyentes han etiquetado y estigmatizado a los y las defensores/as de derechos humanos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollo” e “informantes”, así contribuyendo a la hostilidad contra los y las defensores/as de derechos humanos.
El gobierno colombiano tampoco está protegiendo a los y las defensores/as de derechos humanos de este tipo de ataques, otro factor que eleva el riesgo de daño físico a los peticionarios si se revelan sus datos de identificación. La Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo carecen de competencia y voluntad política para salvaguardar adecuadamente a los y las defensores/as de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación no sólo no ha investigado ni perseguido los asesinatos de defensores/as de derechos humanos, sino que además, en los últimos años, ha incrementado las acusaciones falsas o vagas contra los propios defensores. Por lo tanto, los y las defensores/as de los derechos humanos colombianos que temen represalias por promover los derechos humanos tienen pocas opciones de seguridad. Teniendo en cuenta el peligro inminente al que se enfrentan los y las defensores/as de los derechos humanos en Colombia, permitir que los peticionarios sigan adelante con el litigio mientras sus identidades están protegidas es esencial para mantenerlos seguros y vivos.
Conclusión
Chiquita no es en absoluto la primera empresa estadounidense que viola los derechos humanos en Colombia. Hay pruebas de que la empresa de carbón Drummond, la empresa minera Cerrejón y otras son cómplices de los abusos contra los derechos humanos cometidos en las últimas décadas. De hecho, Drummond también fue acusada de financiar presuntamente a grupos paramilitares en Colombia. (Y la fiscalía colombiana acusó a finales del año pasado a dos ejecutivos de Drummond por financiar grupos paramilitares y graves violaciones de los derechos humanos).
Las empresas como Chiquita deben rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente que cometen en países extranjeros. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos deben poder obtener una indemnización por el dolor que han sufrido a manos de las empresas. Sin embargo, sólo pueden hacerlo si son capaces de desafiar a estas corporaciones de forma segura. Recurrir a un recurso judicial por violaciones de los derechos humanos promueve los derechos humanos al hacer frente a la impunidad y disuadir de futuros abusos. Medidas como la protección de la identidad de los demandantes son, por tanto, un paso fundamental para garantizar que las empresas estadounidenses no sigan gozando de inmunidad por los delitos que cometen en suelo extranjero y contra personas extranjeras.
Allie Lee es estudiante de derecho en Northwestern Law School y pasante legal en Corporate Accountability Lab. Allie Brudney es abogada de Corporate Accountability Lab.
Corporate Accountability Lab presentó el escrito de apoyo a los peticionarios en nombre de los amici curiae: Business and Human Rights Resource Centre, el Colectivo de Abogados JoséAlvearRestrepo (CAJAR), la Comisión Colombianade Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Due Process of Law Foundation, Front Line Defenders, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Latin American Working Group Education Fund, Robert F. Kennedy Human Rights, Simetría Legal, Temblores, y Washington Office on Latin America (WOLA).
Este blog también está disponible en inglés. Gracias a Due Process of Law Foundation por la versión en español, que fue originalmente publicado aquí.
